• La Alianza ha entregado a parlamentarios y parlamentarias un Calendario de ADVIERTO en el que se muestras 24 medidas con las que se garantizaría una mayor recaudación de cara a los PGE2017. También ha entregado una carta al Ministro Montoro y otras a la Comisión de Presupuestos y Hacienda.
• La Alianza exige que el gobierno no utilice los recortes sociales como una herramienta para reducir el déficit.
• Es urgente aumentar el porcentaje del PIB destinado a inversión social, reduciendo así el desfase con la media de la UE.
• España es el tercer Estado con menos ingresos de la UE, por detrás de Irlanda y Portugal. En contraposición, presenta el mayor fraude fiscal y la mayor regresividad en su carga fiscal (es decir, las rentas más altas pagan proporcionalmente menos).

1 de diciembre de 2016. Esta mañana los portavoces de Hacienda en el Congreso han recibido un regalo navideño: un calendario de “Advierto”, en el que la Alianza Española contra la Pobreza les ha dejado claro que sí hay dinero para los Presupuestos Generales del Estado 2017, solo hay que buscarlo y recaudarlo de la manera adecuada. Las medidas que garantizarán esa recaudación son urgentes, como también lo es asegurar que con el dinero recaudado se garantizan las políticas sociales y los derechos de las personas. El capítulo de ingresos en los PGE2017 debe elevarse para evitar que el costo del posible ajuste fiscal vuelva a ser pagado por los colectivos más vulnerables de la población española.

Han recibido el calendario con las propuestas Vicente Ten (Ciudadanos), Jordi Salvador (Esquerra Republicana de Catalunya), Carles Campuzano (Partí Demòcrata Català), Julián López Millá (PSOE) y Yolanda Díaz (Unidos Podemos).

En el diálogo con los y las parlamentarias, se ha aprovechado para seguir denunciando que la lucha contra la pobreza y la desigualdad siguen sin ser una prioridad política.

Recaudación para garantizar derechos

La Alianza contra la Pobreza y la Desigualdad, compuesta por más de 1.000 organizaciones sociales, alerta: los recortes que podrían producirse para cumplir con el déficit tendrán consecuencias nefastas y dramáticas para la vida de millones de personas, especialmente las  más vulnerables. Los recortes sociales no pueden ser utilizados como herramienta para reducir el déficit. Si los próximos PGE17 precisan reducir partidas del capítulo de gastos, el Gobierno deberá hacerlo en aquellas que no supongan pérdidas de derechos sociales para la ciudadanía. La lucha contra la pobreza y la exclusión social, tanto en España como en otros países, y la inversión en políticas sociales deberían centrar el debate de los PGE17. Creemos que cualquier medida que se plantee para salir de la crisis debe basarse en la solidaridad universal, la dignidad humana y debe poner en el centro a las personas como base de la cohesión social y territorial.

Algunos datos

• En España más de 13 millones de personas (un 28,6%) está en riesgo de pobreza y exclusión social (indicador AROPE). El 20% más pobre de la población española es el grupo que más renta ha perdido durante la crisis económica frente a las clases medias y altas.
• España es el país que tiene el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15, a pesar de que su PIB per cápita está ya en el 93% del promedio de la UE-15. En cambio, el gasto público social por habitante en España es sólo el 71% del promedio del gasto público social por habitante de la UE-15.
• España es el tercer Estado con menos ingresos de la UE-15, sólo por detrás de Irlanda y de Portugal. En contraposición, España tiene el mayor fraude fiscal y la mayor regresividad en su carga fiscal (es decir, las rentas más altas pagan proporcionalmente menos).

Por todo lo anterior, EXIGIMOS que en los PGE2017 el Gobierno y todos los grupos parlamentarios se comprometan a:

Aumentar el porcentaje del PIB destinado a inversión social, reduciendo así el desfase con la media de la UE.

• Igualar la inversión pública en educación a la media europea, aumentándolo progresivamente hasta alcanzar el 7% del PIB.
• Mantener el camino hacia una financiación de la inversión sanitaria que se equipare a la media de la UE-15 (7,3% del PIB).
• Compromiso de destinar para cooperación al desarrollo, gradualmente y desde los presentes presupuestos, hasta el 0,4% de la renta nacional bruta en 2019.
• Apostar por una fiscalidad justa: Medidas como la “amnistía fiscal” premian a los defraudadores y grandes fortunas y no contribuyen a paliar la desproporcionalidad del sistema fiscal español.
• Mejorar el control y la transparencia en el uso y gestión de todos los gastos del Estado, que, al igual que la deuda pública, deberían someterse a la correspondiente auditoría. Enlace