El Informe del Defensor del Pueblo 2019

Todos los años el Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa del conjunto de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución, elabora un informe que refleja el estado del desarollo de estos derechos en España. El Informe de Gestión es un estudio de la garantía de derechos en la Administración de Justicia, en los centros penitenciarios, en temas de ciudadanía y seguridad pública, migraciones, igualdad, violencia de género, educación y deporte, sanidad, seguridad social y empleo, política social, vivienda, hacienda pública, actividad económica, comunicaciones y transporte, medio ambiente, urbanismo, administración local, función y empleos públicos y prevención de la tortura.

En su Informe de Gestión, el Defensor del Pueblo reclama la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana para que sea más garantista de nuestros derechos (p. 125), la neutralidad ideológica de las Administraciones Públicas  (p. 133), la revisión orgánica y funcional de la gestión de la acogida humanitaria de las personas que acceden de manera irregular a España y la gestión de la acogida de aquellas personas que solicitan protección internacional (p.169) y denuncia los recortes en gasto de sanidad (p. 401), entre otros muchos temas, como la denuncia de al violencia de género (p. 276).

En su informe el Defensor ha incluido una separata sobre la atención a personas mayores en centros residenciales. El Defensor constata la falta de un número suficiente de plazas públicas y concertadas de atención residencial y la falta de personal para prestar sevicios en los centros residenciales. El Defensor demanda un significativo esfuerzo presupuestario para dotar más plazas (p. 19(.

Por último, analiza, en un segundo volumen del Informe La contribución de la inmigración a la economía española. Las conclusiones del informe son:

• La migración alivia el impacto del envejecimiento poblacional en la economía.
• El crecimiento de la población activa requiere actualmente la aportación de fuerza laboral extranjera y su ocupación es esencial para sostener el nivel de empleo.
• La inmigración laboral contribuye a mitigar los efectos agregados en fase de desaceleración o crisis.
• Las economías más avanzadas requerirán la contribución de inmigración laboral joven y cualificada.
• La inmigración ha colaborado a sostener el progresivo incremento de la tasa de actividad femenina de las españolas de forma muy notable, contribuyendo a resolver la llamada «crisis de los cuidados».
• El mercado laboral español ha absorbido la inmigración sin fricciones significativas ni duraderas.
• La realidad es que los extranjeros y los españoles no tenemos los mismos puestos de trabajo; los extranjeros nos «quitan» la necesidad de realizar los peores trabajos.
• La sobrecualificación entre los extranjeros es sensiblemente mayor que entre los españoles.
• No existe un «efecto llamada» ligado al estado de bienestar.
• Los extranjeros no viven de las pensiones: su fuente principal de renta procede del trabajo incluso en mayor medida que en el caso de los españoles.
• Los extranjeros no gozan de preferencia alguna en las pensiones y prestaciones de la Seguridad Social, que no discrimina formalmente, a favor o en contra, por razones de origen.
• El gasto en pensiones contributivas para los extranjeros es meramente testimonial. 
• Los extranjeros no gozan de ninguna ventaja relativa a la hora de percibir prestaciones por desempleo, que se encuentran asociadas a la trayectoria previa de empleo y cotización.
• El gasto en prestaciones por desempleo para extranjeros está por debajo de su importancia relativa en el mercado laboral y su tasa de cobertura es inferior a la de los españoles.
• Los extranjeros están también subrepresentados en las pensiones no contributivas, salvo en el caso de las pensiones no contributivas de jubilación.
• En términos agregados de renta la situación de los hogares inmigrantes es visiblemente mucho más desfavorable, por lo que sería razonable pensar que fueran receptores naturales de las prestaciones públicas no contributivas en mayor medida.
• Los inmigrantes no acaparan las prestaciones de los servicios sociales y su sobrerrepresentación promedio se debe, lógicamente, a una situación de vulnerabilidad que, en promedio, es también muy marcada.
• Garantizar el acceso universal a la sanidad no es solo una exigencia ética, sino que, además, es una medida de eficiencia económica.
• Los inmigrantes usan menos los servicios públicos sanitarios, suponiendo un gasto medio per cápita muy inferior al de los españoles
• En términos de recaudación impositiva, no existe ninguna excepción para los extranjeros que residen en territorio español.
• La aportación fiscal de la inmigración en términos de Seguridad Social es notable, dada la elevada tasa de actividad y ocupación del colectivo
• El concepto de «balanza fiscal» de la inmigración destila, en sí mismo, un peligroso enfoque economicista.
• Los resultados revelan un impacto fiscal neutro o levemente positivo, aunque existen importantes dificultades para medir de forma instantánea el balance fiscal de la inmigración.
• Cualquier ejercicio sobre la «balanza fiscal» de la inmigración requiere, en cualquier caso, una aproximación intergeneracional a medio y largo plazo.
• La inmigración laboral permite absorber mejor los shocks del mercado de trabajo, facilitando ciclos expansivos de la economía.
• El trabajo inmigrante ha generado importantes efectos económicos en todos los sectores de la economía.
• Los estudios más competentes en la materia descartan la asociación negativa entre inmigración y menor dotación de capital.
• Existen contrastadas evidencias que vinculan los flujos migratorios con los flujos de comercio e inversión.
• Los estudios sugieren además una interesante relación positiva a largo plazo entre inmigración, innovación, dinamismo económico y productividad.